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  • Magistrado Hernán De León, en silencio, tras crisis

    Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernán De León, José Ayú Prado, Asunción Alonso (suplente de este) y Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) guardan silencio tras las denuncias que hizo la procuradora Kenia Porcell y que han desatado una crisis en el Órgano Judicial.

    A pesar de múltiples solicitudes a través de llamadas telefónicas, correos y pedidos ante la Secretaría de Prensa de la CSJ, ninguno de los magistrados se ha pronunciado sobre lo denunciado por la procuradora.

    Porcell reveló que De León le dijo en una reunión en su despacho que hay una grabación de una conversación suya, que sería usada para chantajearlo.

    Además, declaró que los magistrados suplentes Tello y Alonso están a favor de dictar un fallo para “tumbar” el caso de los pinchazos, seguido al expresidente Ricardo Martinelli.

    De León emitió el lunes un escueto comunicado, en el que dijo que no ha “recibido presiones de ningún tipo ni de nadie”. Dijo que Porcell reveló una pequeña parte de la reunión que sostuvieron.

    Recusarán a tres magistrados

    Hoy no será un día normal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Está prevista la reunión del pleno en la que los magistrados se verán la cara después de la denuncia de la procuradora Kenia Porcell sobre la conversación que sostuvo con el presidente interino de esa corporación judicial, Hernán De León.

    Además, los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos presentarán ante la Secretaría General de la CSJ una petición para que se declare impedidos en esta causa a De León y a los magistrados Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado) y Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega).

    Carlos Herrera Morán, abogado del querellante Mauro Zúñiga, reveló que los recursos serán presentados en la mañana de hoy, horas antes de que se reúna el pleno de esa corporación, que tiene en agenda analizar dos amparos de garantías y un pedido de fianza de excarcelación promovidos por la defensa del exmandatario Martinelli.

    Los recusados

    Herrera Morán explicó que recusarán al magistrado De León, debido a que la procuradora Porcell declaró que él le confesó que había sido grabado y que esto, según la funcionaria, está siendo utilizado para chantajearlo.

    El chantaje a De León buscaría, según Porcell, que se produzca una mayoría de votos en el pleno de la CSJ, para “tumbar” el proceso de los pinchazos a Martinelli.

    El abogado recordó que los querellantes dieron el martes pasado un término de 24 horas a De León para que identificara a los protagonistas del chantaje y, tras no tomar esta acción, lo recusarán en el caso pinchazos.

    Precisó que también presentarán recursos de recusación contra los magistrados suplentes Efrén Tello y Asunción Alonso. La procuradora declaró que De León le señaló que tanto Tello como Alonso están a favor de votar para “tumbar el caso de Martinelli”.

    Tanto Tello como Alonso han actuado en el pleno de la CSJ en decisiones relacionadas con recursos presentados por la defensa de Martinelli. (Ver gráfico).

    Herrera Morán reconoció que la situación que enfrenta la CSJ es delicada frente al proceso que se le sigue al expresidente Martinelli, cuya audiencia, que está en fase de admisión de pruebas, se encuentra en receso hasta el 23 de agosto próximo.

    Recursos pendientes

    En el pleno de la CSJ programado para hoy están en agenda dos recursos presentados por la defensa de Martinelli y que, justamente, podrían “tumbar” el proceso si la mayoría de los magistrados los apoyan.

    Una de esas acciones es un amparo de garantías y fue presentado por el abogado Carlos Carrillo –defensor de Martinelli– contra la decisión del magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, de que la CSJ mantenga la competencia del caso de los pinchazos, aun cuando el expresidente renunció al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

    El 11 de julio de 2018, bajo la ponencia del magistrado Oydén Ortega Durán, el pleno de la CSJ votó sobre amparo similar y decidió no admitirlo por cuestiones de forma.

    En esa reunión, solo participaron siete de los nueve magistrados: Oydén Ortega, Hernán De León, Abel Zamorano, Luis Mario Carrasco (en ese momento suplente de Cecilio Cedalise) y Wilfredo Sáenz (suplente de Harry Díaz) votaron a favor de que la CSJ es la competente para seguir con el caso de los pinchazos.

    Mientras, los magistrados Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado) y Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) votaron a favor de que la CSJ declinara la competencia del caso.

    Posteriormente, la defensa de Martinelli volvió a presentar el recurso ante el pleno de la CSJ.

    Hay un segundo amparo que está pendiente de análisis por el pleno de la CSJ, que tiene como ponente a la magistrada Ángela Russo. En este recurso, la defensa del exgobernante apeló la decisión de Mejía de no anular el proceso por supuestas violaciones al fuero penal electoral de Martinelli.

    El 4 de julio pasado, Mejía decidió en la audiencia que no hubo violación al fuero penal de Martinelli cuando el magistrado fiscal, Harry Díaz, inició las pesquisas sobre las escuchas en junio de 2015.

    En esa ocasión, Mejía explicó que el fiscal Díaz cumplió con los términos que dispuso el pleno de la CSJ para que iniciara las investigaciones, luego de que el Tribunal Electoral comunicó que le había levantado el fuero a Martinelli.

    Los magistrados también tienen pendiente tomar una decisión respecto a una petición de la defensa de Martinelli para que se convoque al pleno, con el fin de resolver un pedido de fianza de excarcelación a favor del expresidente.

    La defensa de Martinelli sostiene que este califica para que se le otorgue una fianza de excarcelación, ya que no ha sido condenado en el proceso y, además, por su condición de salud y porque mantiene arraigo familiar y actividades económicas en el país.

    Martinelli permanece detenido desde el 11 de junio pasado en el Centro Penitenciario El Renacer, luego de ser extraditado por Estados Unidos (EU) por el caso de las escuchas.

    Ocho días después, el 19 de junio, el pleno de la CSJ rechazó un primer recurso solicitado por sus abogados para que se le cambiara la medida cautelar de detención provisional. Entre los argumentos de los magistrados que integran el pleno, quienes votaron de forma unánime, resaltó el peligro de fuga y la desatención del expresidente al proceso.

    Mejía, sin reemplazo aún

    En tanto, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, descartó que el Consejo de Gabinete vaya a nombrar en un plazo próximo a los magistrados que sustituirán a Jerónimo Mejía y a Oydén Ortega, a quienes se les venció su período constitucional de 10 años el 31 de diciembre de 2017.

    Varela dijo ayer que el Gabinete le pidió al viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, que rindiera un informe sobre si hay objeciones por parte de la Comisión de Estado por la Justicia a los 20 candidatos que se sometieron para su análisis.

    El gobernante anunció que estos 20 candidatos a ocupar los dos cargos en la CSJ serán sometidos a consideración de las diferentes bancadas de partidos políticos en la Asamblea Nacional.

    El presidente explicó que el objetivo es que las designaciones de magistrados que haga el Ejecutivo no resulten luego rechazadas por la Asamblea.

    Y es que en enero pasado el Legislativo rechazó los nombramientos que hizo Varela en la figura de la fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore y de la abogada especialista en banca Ana Lucrecia Tovar.

     

  • Ricardo Martinelli y las acusaciones por grabaciones y amenazas

    En algunas ocasiones, él mismo advertía a la víctima que tenía una grabación en su contra. En otras, era el primero en hacer comentarios sobre declaraciones que luego motivaron escándalos políticos. En fin, era como los ojos de Dios.

    Se trata de hechos en los que se acusó a Ricardo Martinelli, antes y después de estar en el poder, de grabar y luego amenazar a algunas personas.

    Uno de ellos fue Giacomo Tamburrelli, jefe del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) entre 2010 y 2012. El 18 de diciembre de 2014, Tamburrelli dio una entrevista desde su casa, donde estaba bajo arresto por la investigación relacionada con supuestas irregularidades en el contrato de la comida deshidratada por .5 millones.

    “Señor Ricardo Martinelli, tenga la plena seguridad que usted es uno de los primeritos que me ha querido intimidar, ha querido pagar mi silencio y no lo voy a aceptar”, denunció Tamburrelli en una entrevista concedida al entonces presentador de TVN Edwin Cabrera.

    Tamburrelli dio detalles de la visita que realizó Martinelli, junto al entonces jefe de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah, a la dulcería de su esposa, con el fin, según denunció, de intimidarla con grabaciones que tenían de él.

    Lo dicho por Tamburrelli se comprobó en un video, en el que se observó que Martinelli y Shamah, efectivamente, visitaron el local de la esposa de Tamburrelli el 9 de diciembre de 2014.

    El empresario desafió al expresidente y dijo no temerle. La investigación de este hecho no prosperó.

    Tamburrelli aseguró que, a pesar de las amenazas, cooperaría “al 101% con las investigaciones que llevaba el Ministerio Público” y daría todos los nombres de los implicados.

    Confesó a la fiscalía que Martinelli fue quien lo llamó para decirle que firmara el contrato de la comida deshidratada, porque “eso va porque va”.

    Otro episodio fue el 5 de septiembre de 2011, cuando Martinelli, en un recorrido presidencial por la potabilizadora de Chilibre, confesó que había escuchado una grabación de Juan Carlos Varela “hablando mal de su gobierno”.

    Martinelli había destituido a Varela cinco días antes como canciller.

    En su momento, Varela reclamó una investigación por la grabación, pero no se hizo. “Grabar a una persona es una falta de respeto” y “escuchar la grabación es una falta de respeto mayor”, dijo.

    Luego, en plena campaña de las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para la alcaldía de la capital, salió a relucir una grabación en la que el precandidato Roberto Boby Velásquez ordenó “quebrar” (darle una paliza) a su contrincante José Luis Fábrega.

    Tras el escándalo, Velásquez declinó a sus aspiraciones políticas, pero el nombre de Martinelli salió a relucir en esta trama.

    El expresidente del PRD Francisco Sánchez Cárdenas reveló que, tres días antes de salir a la luz pública la grabación, Martinelli había hecho comentarios del hecho en las redes sociales. “¿cómo lo supo?”, se preguntó Sánchez Cárdenas.

    “Sin duda, esta es una grabación hecha por el presidente de la República”, dijo en su momento Mitchell Doens, ex secretario general del PRD.

  • Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley

    La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación del caso Jall Offshore “fue debidamente razonada y motivada”, por lo que cumple con los requerimientos exigidos por el Código Judicial.

    Los señalamientos de la jueza se dan tras rechazar un incidente presentado por la defensa de Virzi para que se declarara nula la referida indagatoria.

    El caso guarda relación con una investigación sobre la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de dineros que se depositaron en la cuenta de la sociedad Jall Offshore en la casa de valores Financial Pacific.

    La jueza calificó como razonables los argumentos de la fiscalía para dictar la indagatoria, basada en que Virzi, siendo una persona natural, giró de su cuenta personal en el antiguo Banco Universal, la suma de rssdesc="0".5 millones a nombre de Financial Paficic, y cuyo beneficiario final era Jall Offshore.

    La fiscalía advirtió que “no se ubicó documentación certera que justifique la transacción efectuada por el prenombrado, partiendo del hecho de que no se mantiene en listado como cliente de Financial Pacific, por lo que no es permitido el giro e ingreso de dinero procedente de un tercero”.

    En tanto, Alfredo Vallarino Alemán, defensor de Virzi, sostiene en el recurso que la indagatoria no cumple con la ley porque la fiscalía le endilgó el delito de blanqueo de capitales sin que se hayan cumplido algunos elementos para configurar el delito, como la supuesta procedencia ilícita del dinero, entre otros.

  • Gremios proponen crear coalición; Varela descarta constituir comisión internacional

    Crear una coalición ciudadana o de país para restablecer la institucionalidad frente a la actual crisis que enfrenta la administración de justicia, propusieron ayer dirigentes de varios gremios empresariales que se pronunciaron sobre la situación.

    Por un lado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) acordó realizar acciones concretas para salvaguardar el Estado de derecho, informó el gremio a través de un comunicado.

    “[...] Trataremos de lograr una coalición de país con los sectores organizados y representativos, que garantice cambios estructurales que nos lleve a tener nuevamente confianza en la institucionalidad democrática”, dice el comunicado.

    Consultado por este diario, el presidente del Conep, Severo Sousa, opinó que el Estado de derecho está en una situación preocupante debido a la crisis en la administración de justicia.

    “Estamos llamando a hacer un consenso de los diversos gremios organizados del sector privado, primero para tener un documento de unas reformas –en la administración de justicia–, necesarias en ese tema”, dijo.

    Nota emitida por CoNEP referente a la sesión permanente que ha declarado el Sector Privado, con el fin de tratar de fondo la grave situación que se vive actualmente en el país. #CoNEPComunica #ElPanamáQueQueremos pic.twitter.com/1a31KCzrfa

    — CoNEP Panama (@CONEPPanama) 15 de agosto de 2018

    Sousa informó que existe la posibilidad de que este tema sea discutido tanto con el gobierno central como con las autoridades que componen la administración de justicia.

    El presidente del Conep dijo que no tienen interés en hacer ningún pronunciamiento para pedir la separación de algún magistrado de la Corte.

    “Nosotros no queremos quedarnos en la situación coyuntural. Pensamos que es un problema que va mucho más allá. Hay un problema de fondo y debemos concentrarnos en tratar de ayudar para que este tipo de cosas no solo no se repita en un futuro cercano, sino que se trate de eliminar del todo y tengamos una justicia totalmente imparcial”, añadió.

    Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) coincidió con el Conep en la necesidad de crear una coalición, pero que sea conformada por ciudadanos.

    #APEDEahora APEDE convoca su Consejo de Expresidentes ante grave crisis institucional del país. https://t.co/DGpL2Uad14

    — APEDE (@Apedeorg) 15 de agosto de 2018

    “La actual crisis en la justicia panameña requiere de la creación de una coalición ciudadana, que debería exigir que se restablezca la institucionalidad en el país”, destacó la Apede en un comunicado.

    “Esta crisis institucional evidencia una fractura de todos los órganos del Estado que constituyen la República de Panamá”, agregó.

    Mientras, Transparencia Internacional (TI) expresó que el escándalo que involucra a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, y a otros magistrados, no puede ser enfrentado por el Órgano Judicial, pues este carece de las estructuras de integridad y ética necesarias, que debieron crearse con la aplazada implementación de la carrera judicial.

    Transparencia Internacional advirtió que, frente a esta realidad, existen pocas vías que de verdad logren cambios efectivos en la justicia: que los magistrados mencionados renuncien; que el magistrado que fue sometido a presiones las denuncie, como es su obligación ante cualquier intento de obstrucción de la justicia.

    Asimismo, recomendó al órgano Ejecutivo que nombre una comisión independiente, nacional e internacional, “que pueda llevar a cabo las tareas que obviamente no hemos sabido realizar para enderezar la justicia”. “Si los corruptos se salen con las suyas de lograr la impunidad gracias al caos generado por el Órgano Judicial, entonces estaremos renunciando a nuestra democracia”, indicó TI a través de un comunicado.

    A su vez, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, reaccionó una vez más ante la crisis en el ámbito de la justicia.

    Consultado ayer en un acto público sobre el planteamiento de la sociedad civil en cuanto a que se debería conformar una comisión internacional que investigue la corrupción en el Órgano Judicial, Varela respondió que en Panamá la democracia se está fortaleciendo.

    “Hay situaciones complicadas en nuestro sistema judicial, pero yo creo que nuestro país está a la altura de superarla”, agregó Varela, tras descartar una eventual convocatoria a una comisión internacional para intervenir en la crisis institucional.

  • Se vence plazo para investigar al diputado Mario Lázarus

    Hoy se le vence el plazo de seis meses de investigación a la magistrada Ángela Russo en el proceso que se le sigue al diputado de Cambio Democrático Mario Lázarus, acusado del delito de homicidio culposo tras atropellar en Colón el 27 de diciembre pasado a la menor Rut Parreno.

    Russo, quien ejerce como fiscal, debe pedir una audiencia de acusación al juez de garantías, el magistrado Harry Díaz.

    El pasado 27 de febrero, el pleno de la Corte Suprema de Justicia aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación los 15 y 30 de cada mes al diputado.




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